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Comités de Cuenca Río Sonora se amparan contra Zona Económica Especial y demandan a instancias de gobierno por no atender su salud

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• El Comité de Cuenca Río Sonora en Ures promovió un amparo contra la Zona Económica Especial Río Sonora por no respetar el derecho a la participación de la población.
• Afectados por contaminación del río Sonora demandan a tres instancias de gobierno por no atender las solicitudes para conocer su estado de salud.
• Un juez de distrito dictaminó que, incluso tomando como referencia los datos oficiales, persiste la contaminación por arsénico y manganeso en dos pozos de la zona.

Hermosillo, Sonora, 2 de agosto de 2017 – El Comité de Cuenca Río Sonora en Ures (CCRS-Ures), formado por ciudadanos afectados por el derrame de Buenavista del Cobre ocurrido el 6 de agosto de 2014, interpuso un amparo contra el Congreso del Estado de Sonora, la Gobernadora de esta entidad y el Ayuntamiento de Ures, por no haber garantizado el derecho de la población a participar de forma directa e informada durante el proceso de creación de la Zona Económica Especial para el Río Sonora (ZEE-RS).

Mediante este amparo, el CCRS-Ures solicita al Juzgado de Distrito de Sonora que, como medidas de reparación del derecho violentado, declare inconstitucional la aprobación de la ZEE-RS, consulte a los habitantes de Ures antes de que el Municipio dé su consentimiento para participar en dicho proyecto, y garantice que las personas del municipio reciban información accesible, suficiente y oportuna de las implicaciones que conlleva formar parte de la ZEE-RS, a fin de que, posteriormente, la población evalúe si dará o no su consentimiento para participar en la misma.

Cabe recordar que el 8 de diciembre de 2016, se presentó ante el Congreso estatal la iniciativa para crear la ZEE-RS, argumentando la necesidad de “crear oportunidades a favor de la región afectada [por el derrame en río Sonora], donde el reto es reactivar la economía, generar empleos, asegurar los servicios básicos y expandir las oportunidades para vida saludables y productivas de los habitantes, lo que sin duda abonará al desarrollo social”.

Los CCRS cuestionaron que el gobierno no haya dado información ni consultado a la población sobre los alcances de este proyecto, sobre todo si, como se argumenta, su objetivo central es reactivar la economía y crear oportunidades productivas para los habitantes de la región. Denunciaron la opacidad con que se ha dado todo el proceso de aprobación de la ZEE-RS en cada uno de los municipios afectados, y expresaron su temor de que los beneficios de este proyecto sean nuevamente para las grandes empresas que, como Grupo México, solamente han explotado los recursos de la región sin que los habitantes se beneficien de las facilidades que otorga el gobierno.

Los CCRS hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para que entablen un diálogo abierto con los pobladores de río Sonora, y transparenten todo el proceso de conformación de la ZEE-RS, a fin de que los ciudadanos puedan decidir de manera libre e informada si quieren formar parte del mismo.

CCRS ganan amparo por contaminación del agua y demandan a tres instancias de gobierno por no atender su estado de salud

A tres años de la contaminación del río Sonora, los ciudadanos agrupados en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) ganaron un juicio de amparo por la contaminación del agua en dos pozos de la región, y han demandado a tres instituciones de salud —ISSSTESON, IMSS y Secretaría de Salud— por la falta de atención a la población afectada por el derrame.

Un fallo dictado por el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sonora, relativo al juicio de amparo 834/2015, reconoce que, incluso tomando los datos del Fideicomiso Río Sonora, al menos dos pozos —los de Sinoquipe y La Labor— presentaban contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos en las Guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud, las cuales establecen valores más estrictos que la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-1994.

Esta sentencia echa por tierra el discurso oficial del gobierno y la empresa Grupo México, causante del derrame, según el cual ya no existe contaminación en el río Sonora, lo que ha favorecido que, incluso, en los últimos dos años se instalen bebederos en las escuelas públicas de nivel básico para proveer agua a los estudiantes, la cual proviene del río Sonora sin ningún tratamiento de purificación previo.

Dado que se han detectado niveles por arriba de los valores máximos de metales permitidos en el agua para consumo humano, los CCRS cuestionan si la desatención de las autoridades estatales y federales ha agravado los problemas de salud de la población derivados de consumir agua contaminada.

Por lo anterior, los CCRS, acompañados por la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), han interpuesto una demanda de amparo contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), la Secretaría de Salud (que opera el Programa de Seguro Popular) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por no haber respondido a diversas solicitudes de información para conocer el estado de salud de los habitantes de río Sonora, y no haberles brindado atención adecuada a su salud.

En la demanda presentada los CCRS señalan que, en el escenario de incertidumbre actual generado por la comprobación de contaminación en dos pozos, “se ha vuelto urgente contar con un diagnóstico óptimo sobre nuestro estado de salud, el cual al menos debe consistir en la realización de las pruebas idóneas, adecuadas y necesarias para confirmar si sufrimos o padecemos alguna exposición o intoxicación por metales pesados”.

Hay que recordar que la contaminación de ambos ríos fue considerada como el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México, que afectó directamente a 22 mil personas y, de forma indirecta, a otras 250 mil en los siete municipios situados a orillas del río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Baviácora, Ures, además de alcanzar la presa desde la que se provee de agua a la ciudad de Hermosillo.

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Acerca de los CCRS
Los Comités Cuenca Río Sonora (CCRS) agrupan a personas afectadas por el derrame de solución de cobre acidulada proveniente de la mina Buenavista del Cobre. Los conforman habitantes de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.
www.ComitesCuencaRioSonora.wordpress.com

Acerca de PODER
El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) es una organización regional, no gubernamental, sin fines de lucro. Su misión es fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos y fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo. PODER logra esto mediante la investigación empresarial estratégica, las tecnologías de transparencia, la organización comunitaria y la vinculación estratégica para construir un movimiento ciudadano a favor de la rendición de cuentas empresarial.
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