• El caso de la nueva presa de jales del Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., propiedad del Grupo México, “suscita numerosas cuestiones, tanto de procedimiento como sustantivas, sobre las obligaciones del Estado mexicano previstas en el derecho internacional de los derechos humanos”, dice Baskut Tuncak en una carta dirigida a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• “Me resulta preocupante que la información necesaria no se encontrara disponible ni accesible para que la población pudiera participar de forma significativa”, añade.
• Este miércoles 5 de septiembre se espera el fallo de la SCJN relativo a este caso.
Ciudad de México, 4 de septiembre de 2018 – En una carta publicada anoche, Baskut Tuncak, relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas, manifestó a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México su gran preocupación por la falta de mecanismos efectivos de participación de las comunidades de las cuencas del Río Sonora ante el proyecto de ampliación de una presa de jales del Grupo México.
La carta, publicada en el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), se difunde horas antes del esperado fallo de la SCJN al juicio de amparo interpuesto en 2016, y admitido en la Suprema Corte el pasado abril, que busca que las y los habitantes de Bacánuchi, en la cuenca del Río Bacánuchi, participen en la decisión sobre la ampliación de esta presa, propiedad de la minera Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. (Grupo México). (Se puede leer la carta completa, en su versión en inglés, aquí:
Carta original en el sitio de la ACNUDH).
Con un área de más de 6,535 ha y una cortina de casi 200 m de altura, la presa sería el cuerpo de agua más grande del estado de Sonora y tendría 80 mil veces más capacidad de almacenamiento de desechos tóxicos que los derramados en 2014, en la misma zona, cuando sucedió el que es considerado el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México. El Grupo México ha reconocido que Bacánuchi está dentro del área de afectación directa de este proyecto.
En la carta, Tuncak observa que “las presas de jales tienen un historial de fallas, liberando residuos tóxicos y peligrosos en las comunidades”, y recuerda casos de importancia mundial como el mismo del Río Sonora (2014) y el de Bento Rodrigues en Brasil (2015). Además, añade que “la extracción de metales y minerales conlleva serias amenazas, entre otros, a los derechos a la vida, al nivel más alto de salud y al agua potable, por la exposición de las comunidades afectadas a sustancias tóxicas”.
En una visita académica a Sonora el pasado mayo, el relator tuvo oportunidad de escuchar de viva voz a representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora y comprobar personalmente las graves condiciones de vida de las familias afectadas por el derrame de 2014. Además, en la Ciudad de México se reunió con otras organizaciones y comunidades que están enfrentando a megaproyectos en todo el país (más información sobre esa visita, aquí: Comunicado de PODER).
En el reciente documento, el relator Tuncak destaca que “la participación pública efectiva requiere que la información esté disponible, sea accesible y presentada en forma apropiada para la comunidad afectada. En el presente caso, me resulta preocupante que la información necesaria no se encontrara disponible ni accesible para que la población pudiera participar de forma significativa”.
El relator especial de la ONU recuerda a los ministros/as que el Estado mexicano tiene claras obligaciones bajo el derecho internacional “de hacer efectivos los derechos de acceso a la información y a la participación pública en asuntos medioambientales, los que se encuentran relacionados de forma recíproca e interdependiente”, y menciona al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1981), la Declaración de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), la Declaración de Dubái sobre la Gestión de los Productos Químicos (2006) y el Preámbulo del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (2015), además del Acuerdo de Escazú, el cual se espera que México firme próximamente.
Acerca de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS): Agrupan a personas afectadas por el derrame de solución de cobre acidulada proveniente de la mina Buenavista del Cobre. Los conforman habitantes de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.
Blog de los Comités de Cuenca Río Sonora
Para más información, comunicarse con:
María Fernanda Wray
Responsable de Comunicación Externa, PODER
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