Ante el colapso de otra presa de residuos de hierro, esta vez en Brumadinho (estado de Minas Gerais), que ha dejado hasta ahora 165 personas muertas, 160 desaparecidas y 138 sin hogar, organizaciones señalan que Vale ha violado los principios del Pacto Mundial sobre derechos humanos, laborales y ambientales, al no realizar una evaluación adecuada de riesgo, no tomar medidas necesarias para la prevención y mitigación, y al no adoptar medidas de no repetición después del colapso de la presa en Mariana en 2015.
«El desastre de Brumadinho muestra que favorecer las ganancias por encima de la seguridad ha sido el procedimiento operativo estándar de Vale». Las instituciones afirman que «tuvo que producirse otro colapso letal con un sufrimiento humano inconmensurable y la destrucción del medio ambiente, para que Vale anunciara una decisión de largo plazo para clausurar ‘presas de río arriba’ de alto riesgo, que se construyen con tecnología obsoleta e insegura».
Aseguran que Vale desplegó amplios recursos políticos y financieros para evadir la responsabilidad legal por el primer desastre. Además, indican que la compañía adoptó un discurso de compromiso con los niveles más altos de la responsabilidad social corporativa, pero no ha revisado su modelo de negocios, sus procedimientos y sus políticas para evitar más catástrofes.
«Tal método de hacer negocios está en conflicto con los principios y el espíritu del Pacto Mundial», dijeron las instituciones. «Vale debe enfrentar las consecuencias por su incapacidad para evitar que un desastre tan indignante ocurra solo tres años después del estallido de la presa en Mariana».
En el documento, las instituciones piden que Vale sea retirado del Pacto Mundial y que la compañía presente informes periódicos sobre las medidas que se adopten para remediar los daños ambientales producidos por el estallido de la presa de Brumadinho y de la presa de Mariana, esta última en 2015.
También hicieron un llamado al Consejo Directivo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para que exija a Vale que demuestre su compromiso de cambiar su cultura corporativa, así como sus políticas y procedimientos, a través de acciones concertadas que la conviertan en una empresa que realmente respete los derechos humanos y ambientales.
El alegato es firmado por: Asociación Ambiente y Sociedad, Business and Human Rights Resource Centre, Clínica de Direitos Humanos da UFMG, Conectas Direitos Humanos, DAR (Derechos, Ambiente y Recursos Naturales), Defesa dos Territórios Frente à Mineração, DPLF (Due Process of Law Foundation), FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), FIDH (International Federation for Human Rights), FUNDEPS (Fundación para el desarrollo de políticas sustentables), Global Justice Clinic of the New York University, Greenpeace Brasil, Justiça Global, MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale, MiningWatch Canada, PODER (Project on Organizing, Development, Education, and Research), SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations).
Acerca del Pacto Mundial de la ONU
Lanzado en el año 2000, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas fue una iniciativa del entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, con el objetivo de alentar a la comunidad empresarial del mundo a adoptar prácticas corporativas guiadas por los principios de los derechos humanos, laborales y ambientales y la lucha contra la corrupción. Más de trece mil signatarios que trabajan en más de 160 países participan en el Pacto Mundial. Las empresas se comprometen con diez principios y proporcionan información sobre sus actividades a través de informes periódicos.
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