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Reunión pública de información en Bacánuchi no acata la sentencia de la SCJN

  • Se notificó que la reunión pública de información sobre la nueva presa de jales de Grupo México será el próximo martes 14 de mayo a las 11 am, en Bacánuchi, Sonora.
  • La Semarnat desacata, en varios puntos, lo estipulado por la Suprema Corte. “Sería una violación al derecho a la participación y una simulación para avalar el proyecto de la empresa, si se llevara a cabo la reunión en los términos anunciados por la autoridad”, advierten comunidad y organizaciones.
  • Esta es la primera vez que la Semarnat de la 4T organiza un ejercicio de participación: “Les instamos a implementar los más altos estándares internacionales”, dice PODER.
El río Bacánuchi, contaminado por desechos tóxicos de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, en 2014. La nueva presa de jales podría contener 80 mil veces más desechos tóxicos que los derramados entonces. Foto: PODER

Ciudad de México, 9 de mayo de 2019- En una reunión para informar “respecto a la autorización del informe preventivo del proyecto Nueva Presa de Jales, perteneciente a la empresa Buenavista del Cobre” y en la cual “los quejosos podrán manifestar sus posibles sugerencias”, quedó el esperado proceso de participación que exige la comunidad de Bacánuchi, Sonora, ante los avances del nuevo megaproyecto de Grupo México, a escasos 27 km de la población.

En la notificación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), delegación Sonora, recibida en Bacánuchi el pasado 6 de mayo por las 42 quejosas del juicio, se advierten varias inconsistencias, entre ellas, que se convoca a la comunidad a informarse sobre la “autorización” ya dada del proyecto y no sobre el proyecto en sí mismo; limita la participación de la comunidad y obliga a las y los asistentes a que den “posibles sugerencias” en ese momento, sin ni siquiera tener un tiempo de reflexión. Nada se dice de lo que pasaría después de la reunión, es decir, si la autoridad va tomar en cuenta lo que la comunidad decida sobre el proyecto.

“Es el primer ejercicio de este tipo organizado por la Semarnat en el sexenio, y esperábamos que cumpliera con las pautas establecidas en el Acuerdo de Escazú; que observara los mayores estándares internacionales y que promoviera una participación activa, libre, informada y efectiva para esta comunidad que sufrió las consecuencias del peor derrame en la historia de la minería en México en 2014”, explica Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, organización que acompaña a los Comités de Cuenca Río Sonora en este proceso. “En definitiva, esperábamos que Bacánuchi pudiera obtener información amplia, no sólo sobre la nueva presa de jales de Grupo México, sino del total de proyectos de expansión que la empresa pretende instalar en la región, además de expresar sus dudas y preocupaciones; llegar a conclusiones con suficiente análisis y, por supuesto, decidir si quiere el proyecto o no, y cómo.

Bacánuchi fue noticia en los medios el pasado septiembre cuando se dio a conocer una histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la cual el Máximo Tribunal reconoció la violación del derecho a la participación de esta comunidad no indígena, frente a la construcción de la nueva presa de jales de Grupo México, e instruyó a la Semarnat a realizar una reunión pública de información para resarcir este daño y asegurar la participación plena de la comunidad en referencia al proyecto.

“La reunión pública de información debería reflejar, al menos, lo que estipula la SCJN. Con esta notificación claramente se observa una tendencia a disminuir la participación de la comunidad y a no darle la voz que la Corte ya le otorgó. De la Semarnat depende evidenciar el real compromiso del gobierno con la gente de Bacánuchi o armar una simulación para seguir favoreciendo a la clase privilegiada, en este caso, al grupo de Germán Larrea”, comenta Luis Miguel Cano, abogado de PODER y parte del equipo legal que acompaña a las comunidades del Río Sonora.

Maribel Bustamante es de Bacánuchi y una de las firmantes en el juicio de amparo que dio pie a esta sentencia. Para ella, “no puede haber participación si no podemos decidir y si no van a tomar en cuenta nuestra opinión. Se supone que para eso fue lo que ganamos en la Suprema Corte. Ellos (Grupo México) se están tomando la libertad de venir aquí y hacer lo que quieran. Parece que la comunidad está pintada. No tenemos ni el derecho de decir que no entren, como si fueran ellos de aquí, de Bacánuchi”.

La nueva presa de jales de Grupo México está a 27 km de Bacánuchi. La obra sigue su curso. Foto: PODER

En el mismo sentido se pronuncia María Elena Bustamante, representante común de las firmantes. “Desde que (Grupo México) pensaba hacer la obra debió habernos preguntado. Violaron nuestros derechos desde el principio. Y si no nos toman en cuenta ahora, siguen violando los mismos derechos”. Como “una pesadilla” nombra a la presa de jales de Grupo México: “no podemos vivir, no podemos dormir con la angustia de que en cualquier momento esa presa, como la otra de hace cinco años, se rompa y borre nuestra comunidad”.

Las firmantes del juicio de amparo, a nombre de la comunidad de Bacánuchi, presentarán hoy una promoción al juzgado Noveno de Distrito en Agua Prieta (Sonora), para demandar la ilegalidad de la reunión convocada por la delegación estatal de Semarnat en las condiciones en que se presenta en la notificación y para pedir que se conceda una ampliación razonable del plazo para el cumplimiento de la sentencia de la SCJN.

Para Fernanda Hopenhaym, de PODER, la Semarnat puede rectificar: “Tiene aún la oportunidad de revisar el procedimiento y llevar a cabo un proceso genuino de información y participación a favor de Bacánuchi”.

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Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) agrupan a personas afectadas por el derrame de solución de cobre acidulada proveniente de la mina Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. Los conforman habitantes de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.

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