PODER

Mensaje Regional LAC en el Foro de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Noviembre de 2019

Compartimos el mensaje de organizaciones de la sociedad civil de América Latina, presentado por José Aylwin, del Observatorio Ciudadano (Chile), en el marco del Foro de Empresas y Derechos Humanos celebrado en Ginebra, del 25 al 28 de noviembre de 2019.

Las organizaciones que cocrearon este posicionamiento son: Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y Grupo Focal sobre empresas y derechos derechos humanos de México, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Oxfam México, Coperacción, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Plataforma Internacional contra la Impunidad y Pensamiento y Acción Social Colombia.

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DIÁLOGO REGIONAL SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: LECCIONES APRENDIDAS, DESAFÍOS E INNOVACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

Se nos ha pedido que compartamos nuestras reflexiones sobre el progreso que estaríamos haciendo en LAC en materia de empresas y derechos humanos.

Esfuerzos insuficientes.

A pesar de los compromisos de derechos humanos adquiridos por la mayoría de los estados, estos compromisos no se expresan nítidamente en lo referido a la actividad de las empresas.

Hasta ahora solo Colombia y Chile, han elaborado Planes de Acción Nacional sobre DDHHs y empresas. Perú, Mexico, Honduras y Argentina están en proceso de su desarrollo.

Aquellos existentes han sido elaborados con insuficiente participación de las comunidades afectadas por empresas, y de sociedad civil (IDDH; 2019).

Sus lineas base o no fueron desarrolladas o no fueron adecuadamente incorporadas en los PAN. Los Principios Rectoes tampoco fueron plenamente asumidos en ellos. En el caso de Chile, por ejemplo, no se prevé la adecuación de los marcos normativos que inciden en la desprotección de los derechos humanos en el contexto de la actividad de empresas. Dichos planes tampoco han sido implementados en su totalidad (Chile alrededor de un 40% al primer año, Colombia oficialmente el 86% al final 2do año).

El proceso de elaboración del Plan de Perú, en que se constata esfuerzos por construir confianzas a través de procesos de diálogos con sociedad civil, a pesar de las asimetrías, abre esperanzas de un cambio de enfoque.

Los impactos de la actividad empresarial en derechos humanos.

Con todo, la actividad de empresas en la región sigue teniendo profundos impactos adversos en derechos humanos.

La matriz extractivista de las economías -reflejada en sus exportaciones- mas de la mitad de ellas recursos naturales – impacta severamente los derechos de comunidades locales y pueblos indígenas.

Tal matriz, se ve reforzada con los acuerdos comerciales hasta ahora suscritos sin participación, y sin asegurar una adecuada protección de los derechos humanos. A los acuerdo suscritos con EEUU y UE se suman hoy el TPP 11 ( México, Perú y Chile) y los acuerdos comerciales con China ( Costa Rica, Perú y Chile). La ausencia de consulta previa, y CLPI de los pueblos indígenas de proyectos extractivos de grandes dimensiones incentivados por dichos acuerdos sigue generando frustración.

Ello explica la existencia de mas de un centenar de conflictos socio ambientales por proyectos de inversión en Perú y Chile; y de cerca de 900 en Mexico (FHB).

Junto a ello, solo el 2018 más de 80 defensores de derecho a la tierra han sido asesinados en muchos casos en casos, en defensa frente a actividades empresariales (GW, 2018).

Los beneficios generados por la actividad económica en la región, liderada por empresas, no son distribuidos equitativamente. Nuestra región es la más inequitativa del planeta. Mientras el 10% más rico recibe el 40% del ingreso total, el 20% más pobre, sólo recibe solo el 2% (BM).

El financiamiento ilegal de la política por empresas, la puerta giratoria, la corrupción en general involucran a empresas en todos los países de la región. El caso Odebrecht es demostrativo de ello. Este y otros casos -SQM en Chile, Banco de Crédito del Perú, Grupo Aval en Colombia- dan cuenta de un patrón de captura corporativa que resulta sumamente preocupante.

La explosión social no puede sorprendernos. No podemos sorprendernos entonces de la enorme explosión social que hoy experimenta la región, tanto por cuanto afecta a la casi totalidad de los estados de LAC, como por la masividad y prolongación de la protesta ciudadana.

En mi país Chile, la explosión social se prolonga ya por 40. La inequidad en los ingresos y el abuso por empresas, en particular las empresas privadas que controlan la salud y la seguridad social, y el reclamo frente a la captura corporativa del Estado, están al centro de ella. Lo mismo ocurre en la reciente protesta social en Colombia

Por todo lo anterior es que pensamos que, lamentablemente, no estamos haciendo progreso en materia de derechos humanos y empresas.

Los desafíos entonces son muchos.

Ellos incluyen, en primer termino a los Estados. Tal como se señala en la convocatoria a este foro, para los estados “es hora de actuar.”

Ello implica en el nivel doméstico:

-Impulsar e implementar los PAN a través de procesos participativos con las comunidades afectadas y de manera transparente.

-Que asuman de manera efectiva los Principios Rectores.

-Que promuevan la debida diligencia de las empresas publicas y privadas en materia de derechos humanos como obligatoria, como lo han hecho Francia y otros países.

-Que establezcan la consulta y el CLPI y las obligaciones extraterritoriales, así como indicadores y mecanismos de seguimiento efectivo.

Junto a los PAN, los estados deben poner especial atención en:

-Fortalecer los mecanismos de reclamación y reparación judiciales y no judiciales.

-Poner freno a la captura corporativa de los estados.

-Dar protección efectiva de defensores y defensoras de derechos humanos, investigación y sanción de los responsables de violaciones a sus derechos.

-Protección de derechos de pueblos originarios, afrodescendientes, incluyendo el derecho a la consulta y CLPI.

En el plano internacional los estados deben:

-Asegurar que los acuerdos comerciales que suscriban garanticen efectivamente los derechos humanos, a través de la inclusión de clausulas específicas, y de la realización previa de EIDH.

-Ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), hasta ahora solo ratificado por 5 estados.

-Respaldar el Tratado Vinculante, un Tratado internacional sobre los deberes de las empresas de respetar los Derechos Humanos, con inclusión no solo de empresas transnacionales.

Para las EMPRESAS, se requiere que estas:

-Expliciten su compromiso político de respetar los derechos humanos.

-Actuen con debida diligencia, en toda la cadena productiva y de suministros

-Respeten las decisiones de los pueblos frente a las operaciones que desarrollen en sus territorios.

-Y se abstengan de toda estrategia orientada a la influencia o captura corporativa de los estados.

Para la SOCIEDAD CIVIL y sectores afectados en sus derechos por empresas, dada su situación de desequilibrio de poder, se requiere impulsar estrategias que potencien:

-La formación de comunidades en sus derechos en el contexto de empresas.

-Documentación y evaluación de impacto en derechos humanos (EIDH) por empresas.

-La defensa y denuncia nacional e internacional, en particular en la protección de los defensor@s de derechos humanos.

-La coordinación para la incidencia en la elaboración de los PAN, y en el monitoreo de su implementación efectiva. (La Coordinación de 20 organizaciones en una Plataforma sobre Empresas y Derechos Humanos, en Perú, en contexto de PAN es un buen ejemplo en este sentido).

Muchas gracias.