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Documento presentado por Ivette González, representante del Grupo Focal sobre Empresas y DDHH, en el Foro sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Noviembre de 2019

Visita del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas a México, sus recomendaciones y acciones de sociedad civil para implementarlas.

El Grupo de Trabajo visitó México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016 y contó con una importante articulación por parte de la sociedad civil en diferentes regiones del país, para que se escucharan las voces de la mayor cantidad posible de grupos y comunidades afectadas, así como de organizaciones de la sociedad civil, transmitiendo mensajes concretos, documentados, tanto orales y por escrito sobre las principales afectaciones de la actividad empresarial, así como las causas estructurales de estos impactos como lo es el fenómeno de la captura corporativa del estado y todos sus componentes para favorecer el interés privado sobre el público.

El Grupo visitó 5 estados y comentó sobre varios casos paradigmáticos. El informe sobre la visita generó recomendaciones relevantes para el contexto como lo son las dirigidas al gobierno mexicano.

Tanto el Grupo de Trabajo, como la Honorable Sra. Michelle Bachelet, otros varios procedimientos especiales, el Comité DESC y otros, han emitido recomendaciones sobre la materia, todas muy útiles para la realidad mexicana y que aportan al avance de la implementación de los Principios Rectores.

Desafortunadamente vemos muy pocos avances tanto en la implementación de recomendaciones, como en la atención a los casos y mucho trabajo por hacer. Se ven avances en teoría sobre temas relacionados a libertad de asociación y al fortalecimiento del mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas, faltan acciones, pero en los casos de daños, incluso se puede hablar de que han empeorado las afectaciones, amenazas a personas, amenazas de nuevos proyectos añadiendo a los existentes como son los casos de la industria de energía eólica en Oaxaca y de la minería en el Río Sonora.

Para contribuir en la realización de estos avances hemos elaborado tres documentos, en coalición con las 8 organizaciones que forman el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos en México:

-1) El Diagnóstico de línea base para la implementación de los Principios Rectores y su suplemento con recomendaciones.

-2) El Informe anual de evaluación y monitoreo del proceso del Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos en México, 2018, con recomendaciones.

-3) Monitoreo sobre la Implementación de Recomendaciones Internacionales en materia de Empresas y Derechos Humanos por parte del Estado Mexicano.

El Diagnóstico Línea Base se compone de dos partes: un documento inicial y un suplemento con actualizaciones. Ambos se desarrollaron con valiosos insumos de actores de varios sectores.

El documento inicial fue realizado con la metodología elaborada por ICAR y el Instito Danés de Derechos humanos e incluye información hasta el año 2016, previo a la visita a México del Grupo de Trabajo, para contribuir con las discusiones de la mesa de trabajo creada por la Secretaría de Gobernación (el Ministerio del Interior) para comenzar a desarrollar un Plan Nacional de Acción en 2015, y también para contribuir con las acciones de incidencia desde el Grupo Focal de Sociedad Civil y otras OSC, para fortalecer la protección de los derechos humanos, la prevención de los daños y la garantía de acceso a la justicia de las comunidades y grupos afectados por la actividad empresarial.

El suplemento actualiza la información hasta este año, tomando en cuenta que ha habido información que actualizar y que tenemos una nueva administración de gobierno. Este se compone de tres grandes categorías:

-1) Recopilar los avances legislativos y políticos en el tema de empresas y derechos humanos, así como las recomendaciones internacionales que se le han hecho al Estado mexicano en la materia

-2) Analiza las lagunas legales y políticas con una visión general de los impactos adversos de las empresas sobre los derechos humanos con el fin de identificar los asuntos más relevantes de derechos humanos en el contexto mexicano.

-3) Emite recomendaciones desde sociedad civil para abordar estas lagunas.

Estos documentos constituyen una oportunidad para desarrollar e implementar acciones específicas anclándose en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024, ya sea un Plan de Acción u otro instrumento de política pública y para elaborar mecanismos obligatorios de debida diligencia obligatoria.

Un segundo documento es el Informe anual de evaluación y monitoreo del proceso del Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos en México, 2018 que habla sobre los antecedentes del desarrollo de un Plan Nacional de Acción, el proceso de elaboración de un borrador y la pausa al proceso, los obstáculos y retos para un proceso integral e inclusivo de todos los actores y temáticas pertinentes, y hace recomendaciones a los nuevos titulares de los ministerios de gobierno para implementar los Principios Rectores en el contexto del primer año de gobierno y las políticas que lo regirían.

La tercera contribución es el Monitoreo sobre la Implementación de Recomendaciones Internacionales en materia de Empresas y Derechos Humanos por parte del Estado Mexicano. El monitoreo se orienta principalmente a documentar las acciones gubernamentales enfocadas en el avance para cumplir con su obligación de proteger, respetar y reparar.

Con este mecanismo se pretende monitorear con indicadores de proceso, estructurales y de resultado, el proceso de implementación de un marco normativo y de políticas públicas por parte del Estado Mexicano durante el 2019, acorde a los Principios Rectores.

En particular busca:

− Identificar los esfuerzos que desarrolle el Estado Mexicano para cumplir con los Principios Rectores en materia de diseño e implementación de acciones y políticas adecuadas para este propósito.

− Verificar que los compromisos específicos derivados de los Principios Rectores queden plasmados en el marco programático de la Administración Federal para el periodo 2019-2024.

− También busca dar seguimiento a las acciones del PNDH a partir de la construcción de indicadores que permitan el monitoreo puntual de los avances de la estrategia gubernamental en materia de Empresas y Derechos Humanos.

Para la medición utilizamos la Guía para la aplicación y medición de Derechos Humanos de la OACNUDH.

Para la configuración de indicadores, se parte de que la aceptación y compromiso de los Estados para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos puede medirse a través de los esfuerzos que se realicen para cumplir con dichos compromisos, más allá de la aceptación de las recomendaciones. Ello implica considerar como esfuerzos efectivos a los que se traduzcan en medidas prácticas y arrojen resultados objetivos, medibles y verificables.

Este monitoreo incluye una valoración de indicadores con una semaforización de avances.

En función de la información generada para validar los indicadores que conforman este monitoreo, se llevó a cabo una valoración cualitativa del grado de avance que se ha registrado en cada uno de ellos.

Para dicha valoración se consideraron varios aspectos:

– La centralidad que el tema ocupe en la agenda pública de empresas y derechos humanos. Ello implica su inclusión explicita ya sea en la definición de prioridades, objetivos, definiciones o líneas de acción en dicha agenda pública.

– Que la atención o respuesta institucional construida respecto al tema, cuente con una estructura en -planes, programas, presupuestos y evaluación – y esté vinculada al diseño de políticas públicas específicas que permitan darle seguimiento y monitorear sus avances de manera puntual y objetiva.

– Que exista evidencia de que el tema está siendo recuperado en diferentes acciones e instrumentos de política pública. Ello implica corroborar que forme parte del diagnóstico o de las justificaciones que dan origen a estrategias específicas de atención de la problemática.

Esta metodología se podrá seguir usando año con año. Y el monitoreo ha permitido ubicar de manera puntual los avances, faltantes en la discusión, los retos y las ventanas de oportunidad para las acciones gubernamentales en la materia y para el trabajo en colaboración con distintos actores como lo son las OSC, academia y personas que han resultado afectadas por la actividad empresarial.

Las anteriores acciones se han realizado a través del Proyecto conjunto con nuestras aliadas de Oxfam sobre Industrias Extractivas y Derechos Humanos en Centroamérica, promoviendo diálogo e implementación de los Principios Rectores en contextos de alta conflictividad y riesgo para las mujeres defensoras de derechos humanos en comunidades locales e indígenas, con financiamiento de la Unión Europea.

Desde la sociedad civil estamos haciendo estos esfuerzos acompañados de procesos de diálogos con diferentes actores y reiterando la necesidad de que se incluyan a las personas, grupos y comunidades afectadas y posiblemente afectadas por la actividad empresarial.

Es una sociedad civil que busca contribuir con su expertise en un afán de colaboración. Ahora le toca al gobierno mexicano mostrar acciones concretas para la protección de los derechos humanos.

Consideraciones finales

El gobierno mexicano no ha reportado sobre los avances en el abordaje de los casos en los lugares que visitó el Grupo y en el aseguramiento del disfrute de los derechos humanos. Recomendamos que el nuevo gobierno mexicano con abra sus puertas para una visita del Grupo de Trabajo cuanto antes con tres fines:

-1) Dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo, para esto vemos necesario que el Grupo cree un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones hechas a los Estados. Estamos dispuestas a contribuir desde sociedad civil con dicho seguimiento.

-2) Para asesorar a los diferentes actores ante la necesidad urgente de desarrollar mecanismos obligatorios para la implementación de procesos de debida diligencia en las actividades empresariales públicas y privadas.

-3) Recordar la importancia del involucramiento de personas y comunidades afectadas y posiblemente afectadas en todos los procesos para desarrollar tanto políticas públicas, como mecanismos obligatorios.

-4) Que el Grupo de Trabajo continúe desarrollando análisis sobre las causas estructurales de los impactos negativos en los derechos humanos por la actividad empresarial, haciendo énfasis en la captura corporativa del estado.

Es preocupante ver la ausencia de autoridades mexicanas en el Foro sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Saludamos a la representación con la Misión, que por supuesto es valiosa, pero mientras el foro sucedía, nuestro gobierno anunció la inversión privada de cientos de millones de pesos en proyectos de infraestructura en todo el país; el sector privado pidiendo más proyectos energéticos, y todo esto sin que haya aún un Programa Nacional de Derechos Humanos publicado, ni un involucramiento profundo en la agenda de empresas y derechos humanos.