PODER

La participación de las comunidades ante megaproyectos, en la agenda de la SCJN

Ciudad de México, 28 de enero de 2020.- Este miércoles 29 de enero la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría dictar sentencia sobre un amparo que concierne a todas las personas y comunidades en México que se ven afectadas por megaproyectos.

El amparo en revisión No. 578/20-9, promovido por los Comités de Cuenca Río Sonora, con el acompañamiento legal de PODER, pone en tela de juicio los Artículos 31 y 34 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y los Artículos del 37 al 43 del Reglamento de la mencionada Ley en materia de evaluación de impacto ambiental, y cuestiona la forma actual de hacer consultas ambientales, especialmente los procesos de consulta a la población con relación a las Manifestaciones de Impacto Ambiental y, en ciertos casos, a los informes preventivos.

Un fallo a favor del amparo beneficiaría a comunidades y personas que se ven afectadas por megaproyectos.

En la actualidad, de acuerdo a la Ley, las comunidades afectadas por megaproyectos deben solicitar las consultas ambientales una vez que los promoventes del proyecto han presentado la Manifestación de Impacto Ambiental. El procedimiento deja toda la responsabilidad a las comunidades para la realización de la consulta, además de que implica que éstas deben saber de antemano que existe el proyecto y estar pendientes, por días, semanas o incluso años, de lo que se publica en la Gaceta Ecológica por Internet, en un país como México, donde apenas el 40% de las personas en comunidades rurales tiene acceso a la red.

Se tiene conocimiento de que el proyecto de sentencia avala la situación actual y falla contra el amparo de los Comités de Cuenca. Para Luis Miguel Cano, asesor legal de los Comités, “dejar la Ley como está implica mantener un proceso injusto e inequitativo para las comunidades, además de que conlleva la imposibilidad práctica de promover, en muchos casos, la participación, un derecho estipulado por las leyes nacionales y los tratados internacionales en la materia. Tomando en cuenta que un gran porcentaje de conflictos ambientales en el país comparten la falta de información y participación efectivas para las comunidades, esperamos que la mayoría de integrantes de la Segunda Sala voten por modificar el proyecto”.

Francisca García de la comunidad de Aconchi, en Sonora, representante común de las quejosas, opina que “muchas comunidades no tienen acceso a Internet, ni tienen conocimiento sobre estos procesos. La Ley, como está, es injusta para nosotros. No estamos de igual a igual. Las empresas llevan siempre las de ganar. Los ministros tienen una oportunidad de ponerse en nuestros zapatos y pensar en las condiciones injustas que tenemos para participar y opinar sobre los proyectos que nos afectan. Si fallan a nuestro favor, podrían ayudar a muchas comunidades en todo México”.