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Foro promueve diálogo multiactor para avanzar en la implementación de mecanismos efectivos en materia de debida diligencia en México

-Convocan OSC, OACNUDH, comunidades, empresas, académicos y organismos internacionales a discutir sobre la aplicación sustantiva de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos.

-Impulsan espacio para avanzar más allá de la responsabilidad social empresarial, como ya se hace en otros países.

-Se compartirán experiencias y prácticas útiles para acercar posiciones hacía una regulación más eficaz que brinde una mejor protección a personas y comunidades afectadas y habilite al sector privado a asumir un papel de liderazgo para el cambio.

Con el objetivo de detonar un diálogo incluyente y multiactor sobre cómo elevar el potencial que las empresas tienen para ser agentes reales de cambio en un contexto nacional de graves abusos vinculados a las actividades empresariales y de crisis climática mundial, diversas organizaciones, comunidades, empresas, académicos y organismos internacionales llevarán a cabo un foro sobre Debida Diligencia en Derechos Humanos y Reparación frente a los Impactos de las Actividades Empresariales en México y América Latina.

Entre otras metas de este evento, el cual se llevará a cabo los días 12 y 13 de marzo en la Ciudad de México, se encuentra abrir la conversación sobre el concepto de la debida diligencia y reparación en materia de derechos humanos. También se analizarán posibles mecanismos efectivos en la materia y se sensibilizará para prevenir y mitigar conflictos e impactos negativos. Se prevé revisar avances, hallar oportunidades y desafíos a nivel internacional; identificar el papel y las responsabilidades de las y los actores relevantes; reflexionar sobre el rol de las empresas en la mitigación del cambio climático; y resaltar los impactos diferenciados de la actividad empresarial en las personas, los grupos y las comunidades.

A nivel internacional, ya existen países con mecanismos de Debida Diligencia Obligatoria en Derechos Humanos que las empresas han adoptado en sus operaciones y relaciones comerciales, como la Propuesta de Enmienda a la Constitución sobre el Trabajo Esclavo de Brasil; la cláusula de Transparencia en la Cadena de Valor del Reino Unido; la ley de Deber de Vigilancia en Francia o la Ley de Debida Diligencia en materia de trabajo infantil en los Países Bajos, entre otros.

Las organizaciones convocantes exhortan a la creación, adaptación e implementación de un marco normativo nacional o mecanismos obligatorios que involucren a todas las empresas (públicas y privadas) e inversionistas a actuar con debida diligencia en materia de derechos humanos. Una regulación con perspectiva de género e interseccional que la lleve a identificar, evaluar, detener, prevenir, mitigar y, en su caso, reparar abusos e impactos en los derechos humanos. Actuar de esta manera también contribuiría tanto a enfrentar y disminuir la polarización y los conflictos relacionados con proyectos empresariales en el país, como a generar condiciones de certidumbre y respeto para todas las partes involucradas.

A la cita acudirán representantes nacionales e internacionales de comunidades afectadas, de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, del gobierno mexicano, de organismos internacionales, de la academia así como expertas y expertos independientes.

Entre los co-organizadores se encuentran organizaciones del Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Universidad de Monterrey. El evento es financiado por la Unión Europea a través del proyecto “Industrias extractivas y derechos humanos en Centroamérica: promoviendo diálogo e implementación de los PRNU en contextos de alta conflictividad y riesgo para defensoras de pueblos indígenas y comunidades” de Oxfam IBIS, Oxfam México, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y del “Proyecto Conjunto sobre Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe” de la OACNUDH, OIT y OCDE.

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